En Venezuela nadie duda que el Esequibo es nuestro y para reafirmarlo no hace falta un referéndum. La defensa de nuestro territorio no puede depender de una consulta popular, sino que es una obligación constitucional del Estado, en todas sus instancias. A eso se refiere María Corina Machado cuando dice que "la soberanía no se consulta, se ejerce". Si a esto sumamos que el resultado de ese referéndum no es vinculante a los fines jurídicos, ni se traduce en una solución efectiva y real al problema, termina uno preguntándose ¿Y para qué sirve esta consulta? ¿Qué estoy avalando? Preguntas a las que daremos respuesta en el camino...
Se le quiere consultar al pueblo sobre una materia que -salvo los expertos- todos desconocen. Para ejercer responsablemente el voto habría que conocer al detalle el Laudo Arbitral de París de 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966 y todo el proceso jurídico y diplomático. Le he preguntado a varios oficialistas y están promoviendo una iniciativa que no pueden explicar. No parece un acto responsable y fácilmente se infiere que responde a una campaña política con objetivos subalternos.
Hablando de expertos, Elías Pino Iturrieta recordaba que en la profunda investigación sobre el Esequibo encargada por las cancillerías de la democracia, "destacaron el tesón y la lucidez de tres historiadores jesuitas: Pablo Ojer, Hermann González Oropeza y José del Rey Fajardo, quienes hicieron un análisis irrebatible del asunto". Pero hay muchos más y uno se pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué la improvisación y los intereses electoreros van a lanzar por la borda un trabajo y una lucha histórica con genuino sentido patriótico? Más aún, entre los expertos y también entre gobierno y oposición, existe consenso en torno al Acuerdo de Ginebra de 1966 como la base para dirimir el diferendo y sin necesidad de referéndum, la obligación del gobierno es hacerlo valer, punto. Desde esta óptica, la consulta convocada es inútil y plantea un falso dilema.
La pregunta tres es un acto inverosímil de demagogia: el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) es un órgano de las Naciones Unidas (ONU) y su jurisdicción, atribuciones y competencias están establecida en el estamento legal que rige a este organismo multilateral internacional, en ningún caso depende de la opinión de los ciudadanos de un país miembro. Si hay objeciones sobre la jurisdicción del TIJ es el Estado venezolano -a través de su representante ante la ONU- quien debe ejercer los recursos correspondientes. Pedirle al pueblo venezolano que desconozca de alguna manera a este alto tribunal, es como pedirle al pueblo de Anzoátegui que desconozca la jurisdicción de la TSJ, cosa que no depende de su opinión sino de lo establecido en la Constitución.
La obligación del gobierno venezolano es clara: defender nuestra soberanía ante ese tribunal internacional y ante cualquier instancia, ello no debe estar sujeto al resultado de una consulta. Sin embargo, pareciera que el gobierno quiere abandonar esa instancia y hacerlo amparado en un supuesto “mandato del pueblo”. Juristas e internacionalistas han planteado que existen enormes riesgos si se abandona el caso que cursa en el TIJ ¿Con este referéndum el gobierno pretende responsabilizar al pueblo de futuros fracasos? En efecto, si el gobierno abandona el ámbito del TIJ y perdemos ese territorio, seguramente dirán que ellos cumplieron con el mandato y que ese tribunal es un parapeto del capitalismo, la oligarquía, el imperio y bla, bla... Ya hemos oído ese disco rayado. Algunos desde el campo democrático han propuesto votar NO a esta pregunta. Es una opción, aunque hay muchas reservas sobre la utilidad de ese voto negativo, pues así el SI obtenga 100 votos, vendrá una campaña mediática para decir que fueron millones y de nuevo estaremos ante un absurdo y estéril debate.
Luego, la pregunta N° 4 es una perogrullada. ¿quién en Venezuela puede estar en contra de “oponerse, por todos los medios conforme al derecho, a la pretensión de Guyana…”? ¡Nadie!
Y finalmente, tenemos la pregunta N° 5: una burla y un acto de cinismo. Sugieren darle cédula venezolana a los guyaneses pero no funcionan los consulados para que los venezolanos en el exterior puedan cedularse y menos inscribirse en el registro electoral. Hablan de darle "atención integral a la población" que ocupa ese territorio, pero los venezolanos estamos viviendo una pavorosa crisis social y sufrimos la desatención del gobierno. Ni hablar de la propuesta de anexar ese territorio como un estado en el mapa venezolano: si no se resuelve el diferendo fronterizo, más allá de la satisfacción personal ¿Qué sentido tiene esa medida y cuál es su valor jurídico? Es sólo un efecto propagandístico. Por cierto, antes en los libros de primaria, el mapa traía demarcado ese territorio como “Zona en Reclamación” y casualmente con esta “revolución” desapareció de los textos esta distinción. ¿Ahora proponen anexarlo como un estado?
Es muy importante destacar que hay una parte significativa de la oposición democrática que -conscientes de la situación descrita- han optado por llamar a votar, haciendo oportuna la campaña para develar la farsa. Otros hablan de “no dejar libre la cancha” al chavismo y también están quienes afirman que ese referéndum es una estrategia para sacar a la oposición de la ruta electoral o generar confusión al devolvernos al discurso abstencionista, justo antes de las elecciones presidenciales del 2024. Estas y otras consideraciones son argumentos válidos para ejercer el voto, pero la decisión es suya. Estas líneas tan sólo pretenden dejar claro que no es una iniciativa responsable, ni aporta a una solución real, está claramente está inspirada por intereses facciosos o subalternos del gobierno, y no es jurídicamente vinculante, aunque tenga efectos políticos.
A propósito, es una pena que el gobierno lance esta iniciativa unilateral, en vez de aprovechar el Acuerdo de Barbados –donde se incluyó el tema- para construir una agenda consensual, con genuino sentido nacionalista y capaz de unir efectivamente a los venezolanos en la defensa de nuestro territorio. En fin, solo queda expresar nuestro respeto a los venezolanos que decidan votar y a quienes decidan no hacerlo: no podemos generalizar diciendo que quien vote le hace el juego al régimen o quien se abstenga es traidor a la patria. Este episodio no puede servir para dividir más a la fragmentada sociedad venezolana y tampoco puede ser una excusa para la coacción y la represión. El gobierno debe entender que más allá de su angustia y desesperación, el sufragio es un derecho y cada quien decide si lo ejerce o no. Por tanto, es ilegal e inmoral obligar a los trabajadores públicos a votar o amenazar a nuestro pueblo con quitarles supuestos beneficios, si no participan en la consulta. ¡Dios bendiga a Venezuela!
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