Primero Justicia en solidaridad con el CNP

El Movimiento Primero Justicia expresa hoy su solidaridad con el Colegio Nacional de Periodistas y eleva su enérgica protesta ante la pretensión oficialista de imponer una Ley que suplante a la que actualmente rige el Ejercicio del Periodismo. En la práctica, esta desquiciada iniciativa legislativa conduce a la desaparición de esa importante institución gremial que es el CNP, pero además legaliza la censura, promueve la autocensura, criminaliza la libre opinión y lesiona gravemente el ejercicio democrático en Venezuela. El adefesio jurídico que se intenta imponer es mas que la simple opinión de un editor lisonjero y servil, quien a fin de cuentas es solo un instrumento. Lo que debe alertar a las fuerzas democráticas es que esa bufonesca propuesta haya sido aprobada con inusitada celeridad por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional para su remisión a la Cámara, con lo cual se inicia formalmente el proceso legislativo formal. Es decir, no es la simple opinión de un payaso, sino una decisión preliminar de los diputados oficialistas que forman parte de esa comisión parlamentaria, lo cual refleja la voluntad del régimen para extender el cerco rojo, avanzar en su plan hegemónico comunicacional y restringir mas aun las libertades públicas en una Nación sumida en una profunda crisis política, social y económica. Precisamente, el objetivo final del gobierno es silenciar a la sociedad venezolana en esta hora aciaga de la República.

El principal argumento para motivar esta Ley es que la colegiación actual es restrictiva, excluyente y viola la libertad de expresión, cualidades que precisamente el país le asigna a este gobierno que impúdicamente exhibe sus rasgos autoritarios, propios del militarismo y el fascismo. Tal argumento es un falso supuesto que solo es útil para desprofesionalizar el ejercicio del periodismo. Esa propuesta oficialista no solo descalifica a 25 escuelas de Comunicación Social, insulta a miles de profesionales y desmoraliza a más de 40.000 estudiantes, sino que degrada la calidad del periodismo venezolano en detrimento del Derecho a la Información que asiste a la ciudadanía. Al contrario, nosotros pensamos que hoy nos corresponde revalorizar la profesión del periodismo, considerando las serias restricciones a la libertad de expresión impuestas en Venezuela y el rol fundamental que los profesionales de la Comunicación Social han jugado y siempre jugarán en cualquier democracia y por ende, en la lucha contra toda forma de autoritarismo. De manera que la formación profesional del comunicador social es esencial, vista su condición de servidor público y su responsabilidad con la sociedad. Como mucha gente ha advertido, hoy son los periodistas y mañana podemos ser los Médicos, los abogados, los Ingenieros, los Arquitectos o cualquier otro profesional. Pero la amenaza va mas allá, pues los trabajadores venezolanos ya han sido víctimas de estos perversos mecanismos –inspirados en el paralelismo- para demoler toda forma de organización social que no esté sometida a los intereses facciosos del gobierno, bien sea organizaciones gremiales, sindicales, empresariales o comunitarias. Hemos advertido que este proyecto de Ley tiene como objetivo fundamental ampliar la hegemonía comunicacional del Estado mediante la legalización de la censura, la instauración de medidas que propicien la autocensura y la criminalización de la opinión libre mediante la imposición de sanciones. En efecto, el Artículo 17 considera faltas inexcusables publicar o difundir noticias e informaciones que expongan, causen la muerte o provoquen daño grave irreparable a personas que desconozcan lo que va a publicar el comunicador social, lo que constituye en la práctica una censura previa y autocensura. Ya es inaceptable que se busque limitar el derecho a la libre expresión de la ciudadanía pero lo novedoso de este esperpento autoritario es que pretende sentar las bases para sancionar a los profesionales de la Comunicación Social cuando –a juicio del Estado o mas bien, del gobierno- la noticia publicada pueda provocar un supuesto daño, se exponga al desprecio público o exista instigación a delinquir. En un país donde hay presos políticos y se califica a la disidencia como “traidores a la Patria”, esta propuesta de Ley adquiere visos represivos. En vez ofrecer garantías a la sociedad y brindar protección al agremiado como toda Ley de ejercicio profesional, esta tropelía jurídica coloca en situación de vulnerabilidad a los periodistas y prácticamente en estado de indefensión, vista la vocación como violadores de Derechos Humanos que han demostrado quienes ejercen el poder en Venezuela. En fin, el gobierno -lejos de proteger al periodista- pretende doblegarlo, intimidarlo y coaccionarlo a actuar en función de sus intereses. Finalmente, resultan absurdos los argumentos del único Diputado oficialista electo accidentalmente por nuestro Estado Anzoátegui, quien afirmó –entre otros disparates- que ese proyecto de Ley “toma en cuenta a otros comunicadores que no son periodistas y que no están amparados por el CNP”. Francamente es penosa la posición de ese periodista con ínfulas de intelectual que hoy le da la espalda a sus colegas y a la democracia venezolana. Seguro estamos que el país sabrá defender sus derechos y en UNIDAD superaremos esta mala hora. PRIMERO JUSTICIA ANZOATEGUI Barcelona, 4 de Septiembre de 2014.