lunes, 2 de febrero de 2015

UN SECRETO DE ESTADO - 30/01/15

El régimen cubano fue promotor una alianza entre los carteles de droga colombianos y las FARC, quienes hasta el momento se limitaban a ser un grupo irregular insurgente. Era previsible que el subsidio soviético se agotaría, asi que esta coalición era vital para Cuba. Sin embargo, cuando la cooperación de La Habana se hizo muy evidente en la opinión pública internacional, Fidel decidió lavarse el rostro sacrificando a uno de sus hombres -al General Arnaldo Ochoa Sánchez- declarado “Héroe de la Revolución Cubana” por su participación en múltiples campañas militares y ser un valiente combatiente al lado del legendario Camilo Cienfuegos. El juicio-show fue televisado en cadena nacional y para garantizar la seguridad de su familia, Arnaldo Ochoa se vio obligado a asumir su responsabilidad y a exculpar a los Castros y a la revolución. La sentencia fue la pena de muerte y fue fusilado el 13 de Julio de 1989. Fidel Castro tomó una decisión para guardar las formas y salvar el “prestigio” de la revolución. En Venezuela -indistintamente de la veracidad de las acusaciones- Nicolás Maduro se echa al hombro a Diosdado Cabello, señalado de estar presuntamente involucrado en operaciones de narcotráfico y dirigir el llamado Cartel de los Soles. La solidaridad automática no es excepcional, hace poco el gobierno hizo un gran despliegue para liberar al Gral. Hugo “El Pollo” Carvajal, detenido en Aruba por similares acusaciones. Cualquier gobierno serio exigiera una exhaustiva investigación y los involucrados –presumiendo su inocencia- deberían ser los más interesados en despejar toda duda. Pero al contrario, el gobierno apela al ridículo argumento de la conspiración del imperio, la campaña de la derecha internacional y demás pendejadas que han repetido por 15 años. Apelaron a esos argumentos cuando Walid Makled –hoy silenciado- dijo que tenía en su nómina a varios militares de alto rango y le había dado dinero al hermano del entonces Ministro del Interior, Tareck El Aissami. No olvidemos las atrocidades reveladas por el ex magistrado Aponte Aponte. En fin, seria titánico el esfuerzo para recordar todos los casos que han puesto en tela de juicio la moral revolucionaria de un gobierno que mantiene intimas relaciones con las FARC y con otros grupos de penosa reputación. ¿Hay o no argumentos para hablar de un Narco-Estado en Venezuela o de la Narco-Revolución Bolivariana? Son tantos los casos que la sociedad no se siente sorprendida de las acusaciones y el régimen se ha acostumbrado a despacharlas con la ligereza de siempre. A veces generan otro escándalo para tapar el anterior o sacan a la luz pública una monstruosidad como la presunta autorización para el uso de armas letales contra manifestantes, lo cual solo ratificaría la naturaleza delictiva de esta “revolución”. En este como en otros casos, no acusamos a nadie a priori pero al país se le debe una explicación. Los venezolanos tenemos derecho a saber si el patrimonio del Teniente Diosdado Cabello se compadece con su ejercicio como militar y como funcionario público. ¿O es un secreto de Estado?

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