Era evidente que cuando el oficialismo
designó -ilegalmente y a última hora- a pusilánimes e inescrupulosos militantes
del PSUV en el TSJ, tenía la intención de liquidar a la Asamblea Nacional, desconocer
la voluntad expresada el 6D y frustrar los anhelos de cambio del país, hoy
inmerso en una crisis social y económica sin precedentes. Siendo tan obvia
tal pretensión, jamás entendimos porque el parlamento no se avocó desde el primer
día -aprovechando su legitimidad- a desmontar esa macabra maniobra contra la
democracia. Quizás era conveniente desmontar los cuadros del insepulto pero sin
duda, no era la prioridad del país. Tal
vez fue un error aceptar que se excluyera a los diputados de Amazonas pues era
darle reconocimiento a ese TSJ y legitimar las tropelías que estaban por venir.
Entiendo que se quiso evitar un “choque de trenes” pero perdimos tiempo y
aún estamos ante esa colisión, ella era y es inevitable. Ahora el hamponato
judicial del TSJ pasó de declarar la nulidad de todas las leyes que aprobó el
parlamento en beneficio del pueblo, a hacer comparsa con el CNE y la
Narco-revolución para frustrar cualquier salida pacífica y democrática.
En su momento compartí esta preocupación
con importantes líderes y en varias instancias. No es -como diría un amigo hípico-
que "los lunes cualquiera pega seis". Pero en fin, se hizo lo
que se hizo y ya! Nuestra intención no es cuestionar las decisiones
tomadas pues conozco el contexto y la complejidad de las mismas. Traigo el tema
como punto de partida de una necesaria reflexión sobre el rol del parlamento en
esta encrucijada dramática que atraviesa la Nación. ¿Tiene sentido seguir
produciendo leyes que son declaradas nulas por las bandas del TSJ y son
inaplicables porque el gobierno no tiene disposición de resolver los ingentes problemas
que sufre la población? La gente empieza
a sentir que la AN es inútil frente a un gobierno déspota e indolente, eso
comienza a reflejarse en las encuestas y es el objetivo del régimen: desalentar
al mundo opositor. Pareciera que ya pasó el tiempo de legislar o de
interpelar a Ministros que no asisten para que progresivamente el parlamento
pierda autoridad política ante el país. Eso tuvo su momento y golpeó duro
al gobierno pero ahora carece de sentido, la gente voto por esa AN para que se
produzca un cambio en Venezuela y eso inexorablemente pasa por sacar del poder
a los responsables de la crisis, quienes han demostrado su incapacidad para
superarla. Ahora que el país ha decantado por fin en la ruta más viable: el
revocatorio, la agenda de la AN debe orientarse a construirle viabilidad
política. Se trata de apoyar acciones y promover iniciativas destinadas a
elevar la presión social pero sobre todo, de actuar formalmente ante los
escenarios internacionales para forzar a este gobierno forajido a cumplir con
la Constitución y garantizar los derechos que ella consagra. No es Ramos
Allup a título personal o la oposición como actor político sino el parlamento
venezolano, solicitando ante la OEA la activación de la Carta Democrática –por ejemplo-
y acudiendo a otros organismos que puedan poner freno al hampa desatada que se
enconcha en Miraflores. Las últimas actuaciones del gobierno contra la
mayoría del país que promueve el revocatorio y exige una respuesta del CNE,
obligan a la Asamblea Nacional a replantear su estrategia ante este militarismo
truculento e inmoral. No hay tiempo que perder ¡Pa'lante, Venezuela!
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